COMUNICADO DE PRENSA

El Movimiento al Socialismo se une al piquete convocado por la CONARU en defensa de los acuerdos alcanzados entre la Junta de Síndicos y el Comité de Negociación Nacional (CNN) para culminar la huelga. Esta manifestación ha sido convocada para las oficinas de la  Presidencia de la UPR en el Jardín Botánico el próximo sábado 26 de junio de 2010 a las 11:30 de la mañana.

La victoria del movimiento estudiantil, que contó con el apoyo de amplios sectores del pueblo y de la comunidad universitaria, no tiene precedentes en nuestra historia. El movimiento se nutrió del descontento generalizado en el país contra las políticas neoliberales del gobierno de turno. Se logró el objetivo de lograr conquistas importantes a corto plazo y de culminar una etapa de lucha con ánimo y con fuerza que permiten dar continuidad a la lucha. La continuidad es necesaria para mantener las conquistas logradas y para que no se anulen con las medidas que sabemos intentará imponer la administración.

El MAS celebra la victoria del movimiento estudiantil tras la firma de los acuerdos entre la Junta de Síndicos y el Comité Negociador Nacional que daría por culminada la huelga si se ratifican los mismos en las asambleas de estudiantes de los recintos que han permanecido en huelga.
"Celebramos con los estudiantes esta victoria para la historia. La firma de los acuerdos reivindica el uso de la huelga como herramienta política para meter presión y obtener victorias. Aunque muchos hoy han caído en la tentación de destacar la labor del mediador y el tribunal sobre otras luchas, la realidad es que esta victoria se obtuvo en los portones. La intransigencia del presidente de la Universidad de Puerto Rico y de la presidenta de la Junta de Síndicos demuestra indubitadamente que con los portones abiertos hubiese sido imposible llegar a acuerdos", manifestó Alvin R. Couto de Jesús, portavoz del MAS.

Luego de décadas de intentos fallidos de presidentes demócratas y de años de amargos combates partidistas, el Presidente Barack Obama convirtió en ley una Reforma de Salud Federal que requerirá que la mayoría de los ciudadanos tenga seguro de salud y que se espera reduzca en $138 millones el déficit federal en los próximos diez años.

El gobernador Fortuño acaba de someter su propuesta de reforma legislativa. Pretende reducir el tamaño de la legislatura. Dice que esto nos dará un gobierno más barato y eficiente. La idea parece atractiva. Los legisladores se han ganado un merecido desprecio. La Legislatura es un nido de ineficiencia, malgasto y corrupción. Pero hay que cuidarse de esta reacción inicial. Ante la propuesta, hay que preguntarse: ¿se logrará con ella una legislatura más democrática?

La militancia de cada uno de los sectores universitarios en las diversas manifestaciones dentro y fuera de la UPR, evidencia que en el principal centro docente del país, hay problemas. La reunión en asamblea de las matrículas de los sindicatos y de las y los estudiantes, la aprobación de votos de huelga, la contundente presencia en el Paro Nacional del 15 de octubre, las manifestaciones internas (paros, piquetes, conversatorios, tomas, etc.), son muestra fehaciente de ello. Pero, ¿qué motiva la participación activa y militante de las y los trabajadores y estudiantes? Reseño brevemente.

El 23 de abril la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, promulgó la ley SB 1070 que prácticamente legitima e institucionaliza el prejuicio racial, al establecer como delito menos grave la falta del permiso legal para residir en los Estados Unidos. La ley faculta a la Policía del Estado a exigir los documentos de identidad a toda persona que le resulte “sospechosa” de ser un inmigrante ilegal en Arizona, por ejemplo, si es que su vestimenta le resulta muy "latina"; o acaso porque su apariencia, facciones o tono de piel no corresponden al "estadounidense promedio". Basta con señalar que una tercera parte de la población de 6 millones y medio de habitantes en ese estado son hispanos, para tener una idea clara de la intención detrás de esta medida. No les resultará difícil entonces a los oficiales hallar a sus sospechosos si deciden dar una ronda frente a los comercios y tiendas por departamentos dedicados a la venta de artículos de ferretería, donde los jornaleros suelen reunirse en busca de trabajos en la construcción. La nueva disposición establece que la pena por no tener los documentos en regla será de $500 de multa ó 6 meses en cárcel. Además, la ley penaliza a quienes contraten, transporten, protejan o den albergue a “indocumentados”, si conocen de su estatus migratorio.

El discrimen y la opresión suelen ir en escalada en los espacios recluidos, olvidados y marginados.  Por ello, no debe sorprendernos que sea tan espantosa la realidad que viven las personas gay, lesbianas, bisexuales, transgénero, transexuales e intersexo (glbtti) privadas de su libertad y cumpliendo la pena de encierro en las cárceles.

El recrudecimiento de los asesinatos y las agresiones motivadas por la homofobia y la transfobia; la generalización de la inseguridad de personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales (LGBTI); y la obstaculización del reconocimiento legal de la diversidad sexual son el saldo del fundamentalismo religioso en Latinoamérica y el Caribe.

Para los residentes de la comunidad Villas del Sol en el municipio de Toa Baja la solución a su problema de vivienda cada vez es más incierto. El gobierno ha lacerado, vilipendiado y agredido el tejido moral de la comunidad que, contrario a todos los pronósticos, se ha mantenido estoicamente luchando contra toda adversidad.