El pasado jueves, 10 de diciembre el Frente Amplio de Solidaridad y Lucha (FASyL) celebró un foro sobre una posible huelga general en Puerto Rico.
Decenas de personas llenaron el local de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND) para escuchar y participar en el debate de las diversas posiciones y estrategias sobre la huelga. Como panelistas participaron Ricardo Santos, ex presidente de la UTIER, Luis Pedraza Leduc, portavoz del FASyL, José Rivera, dirigente de los jubilados de la UTIER, junto a nuestra compañera Gabriela Quijano, miembro de la Juventud 23 de Septiembre (J23-MAS).
El siguiente documento es la ponencia del MAS en dicha actividad.
I. Introducción
Para iniciar la conceptualización y coordinación de una Huelga General, es necesario bien describir la coyuntura en la que nos encontramos y cuál es la política del gobierno que nos remite a la convocatoria de una huelga.
A. La crisis fiscal y las medidas neoliberales
El actual gobierno ha fundamentado su política en presentar una respuesta a una llamada crisis fiscal. La que no es otra cosa que la consecuencia de que el gobierno gasta más de lo que ingresa. Los ingresos del gobierno proceden de tres fuentes principales: las contribuciones (impuestos y arbitrios), los fondos federales y los préstamos. En Puerto Rico los ricos (particularmente las corporaciones) pagan poca o ninguna contribución sobre sus ingresos. Con la “Ley de Incentivos” las corporaciones millonarias pagan el 2% o menos de contribución sobre ingresos. Por esto es que la carga contributiva recae fundamentalmente sobre los individuos, mayoritariamente sobre los trabajadores asalariados. Por otro lado, los fondos federales que se otorgan al gobierno no han crecido de manera sustancial durante los últimos años. Por tal razón, si las primeras dos fuentes de financiamiento no han resultado suficientes, los diversos gobiernos (tanto PNP como PPD) han recurrido a tomar prestado para así financiar la llamada “obra pública”. Dinero que se ha utilizado para lucrar a unos pocos y que en nada ha beneficiado al pueblo.
Ante la crisis auto infligida, las casas acreditadoras le han exigido al gobierno que imponga “medidas de ajuste” tales como:
o disminuir el tamaño del gobierno (despidos, fusionar y “reestructurar” agencias, etc.)
o disminuir los gastos públicos (negarse a reconocer alzas salariales, etc.)
o vender propiedades públicas (privatización)
o aumentar el costo de servicios públicos (agua, energía eléctrica, peajes, UPR, etc.)
o abaratar el costo de la mano de obra (“reforma laboral”)
o aumentar los recaudos del gobierno (“IVU” y más arbitrios)
Estas “medidas de ajuste” son claras medidas neoliberales. El neoliberalismo o “capitalismo salvaje” es una política económica que critica la intervención del estado en la economía y glorifica el libre mercado como la solución de los problemas de un país. Para los neoliberales, todo es una mercancía: todo se compra y se vende. Para ellos los servicios sociales como la educación y la salud no deben estar en manos del gobierno, sino en manos de la empresa privada porque es más “eficiente”. Por eso los patronos promueven la competencia entre diversos sectores, a sabiendas de que solo los más fuertes sobrevivirán. También promueven la competencia entre los trabajadores dentro de la empresa, dentro de un mismo país y entre los trabajadores de diferentes países. De esta manera pretenden mantener a los trabajadores divididos para que no puedan enfrentar las políticas antiobreras.
Parte esencial de las políticas neoliberales es la privatización, o sea, trasladar a la empresa privada las funciones que desarrolla el estado. Por eso hablan de “reinventar” el gobierno para hacerlo más pequeño, mientras que las funciones realizadas por el gobierno pasan a la empresa privada que supuestamente es más “productiva”. Naturalmente, esta visión descansa sobre una definición marcadamente anti-obrera de lo que significa “productividad”: producir más al menor costo posible.
Como hemos visto, la receta de este y otros gobiernos para “mejorar” la economía ha sido la implementación de este tipo de política en beneficio del gran capital y en detrimento de los mejores intereses del pueblo, especialmente de la clase trabajadora. En ese sentido es que se legisló la Ley 7 y la Ley de las APP, entre otras leyes.
B. La Ley 7 y la Ley de APP
La Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal (Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009), es una legislación neoliberal que como consecuencia conlleva el despido de decenas de miles de trabajadores y trabajadoras así como la suspensión de derechos adquiridos.
Con esta se han suspendido en forma automática, por un período máximo de 2 años, prácticamente todos los derechos laborales de los empleados públicos, no importa si se encuentran en leyes, reglamentos, convenios colectivos, cartas circulares, planes de clasificación y retribución, u otros.
Se dejan sin efecto los aumentos salariales negociados en decenas de convenios colectivos, sino que también todos los aumentos en las aportaciones patronales al pago de plan médico, bono de navidad y cuido de niños. De igual manera se dejan sin efecto todos los derechos de los empleados públicos en las llamadas “áreas esenciales al principio de mérito” tales como ascensos, descensos, traslados, retención, clasificación, etc. Como si esto no fuera suficiente, la ley establece que los empleados públicos no podrán apelar ni cuestionar en arbitraje las decisiones que tome el gobierno sobre estos asuntos.
Se ha comenzado a despedir trabajadores y trabajadoras que realizan funciones necesarias y esenciales que se continuarán realizando, pues no se trata de que cierren las plazas. Con el agravante de que se le quiere hacer creer a los despedidos que encontrarán trabajo en la empresa privada. Cuando todos sabemos que el sector privado nunca ha generado los empleos que Puerto Rico necesita, además de que muchos de los empleos que genera son temporeros y a tiempo parcial.
Por otro lado, la Ley de las APP va dirigida a privatizar los servicios para que agencias privadas ubiquen personal a realizar las funciones necesarias, esenciales y continuas que realizaban los despedidos y despedidas. Lo peor de esta ley es que los contratos de APP serán por 50 años y se podrán extender por 25 años adicionales. Ahí está la verdadera privatización. La administración del gobierno queda en manos privadas eliminando los controles públicos por 75 años.
El escenario que enfrentamos presenta por un lado el despido masivo de empleados públicos, lo que es un golpe irreparable para estos y sus familias. Además de tener un efecto negativo en los trabajadores y trabajadoras del sector privado, pues al aumentar el desempleo aumenta la presión para bajar los salarios de todos los trabajadores. Por otro lado, se pretende privatizar servicios que son esenciales.
Aquellos que consideramos que es más importante el bienestar del pueblo que las ganancias multi-millonarias de las grandes corporaciones. En vez de despedir trabajadores o privatizar los servicios públicos se deben imponer más contribuciones a las grandes corporaciones, bancos y mega-tiendas. A modo de ejemplo, un impuesto especial de sólo 10% a las empresas exentas que el año pasado tuvieron más de $34,000 millones en ganancias eliminaría el déficit del gobierno sin necesidad de despedir a un solo empleado ni eliminar un solo servicio público. Por eso decimos que debe pagar quien más tiene y de ahí nuestra consigna: ¡Que la crisis la paguen los ricos!
II. El Frente Amplio de Solidaridad y Lucha: objetivos y retos
Luego de analizar la situación en el país, la que demuestra que las condiciones objetivas para una huelga se han dado, nos queda diseñar un plan de acción claro y coherente que pueda enfrentar tales políticas: ¿cuáles son nuestros objetivos?; ¿cuál o cuáles son los medios para alcanzarlos?; ¿qué condiciones son idóneas?; etc. En otras palabras, es menester analizar las condiciones subjetivas para convocar a una huelga general indefinida.
La huelga general es un medio para derrotar las políticas del gobierno. No es un fin en sí misma. En ese sentido, concebimos este proceso como un Estado Huelgario1. Donde se elabore un plan de lucha de actividades constantes y crecientes que vayan movilizando y organizando trabajadores, sindicatos, estudiantes y comunidades, con el propósito de mantener la presión sobre el gobierno. Lo que podría culminar en una huelga general indefinida para lograr nuestros objetivos.
Para poder triunfar en un proceso huelgario tenemos que definir nuestros objetivos. Sin embargo, más allá de los objetivos propios de una huelga o un estado huelgario debemos definir cuáles deben ser los objetivos a corto, mediano y largo plazo del Frente Amplio de Solidaridad y Lucha. Hacemos la salvedad que los objetivos aquí sugeridos están abiertos a discusión y debate. Más bien es una guía preliminar que puede variar de acuerdo a nuestras condiciones y necesidades.
A corto plazo de forma inmediata nuestro objetivo debe ser continuar y promover la solidaridad y la concienciación de la clase trabajadora y del pueblo en general. Exponiendo, como hasta ahora se ha hecho, las nefastas e injustas políticas neoliberales de este y otros gobiernos. Un pueblo educado es un pueblo vivo, despierto. Dispuesto a dar las batallas necesarias en pro de la justicia. Eso lo estamos viviendo, la indignación del pueblo. Indignación que es necesaria canalizar en métodos efectivos de lucha, que se transforme en combate.
Es indispensable trabajar con los comités de huelga o comités de base. Estos tienen la tarea esencial de estudiar la situación particular de cada lugar, pueblo o región. Desde ya se debe estar coordinando entre sindicatos, estudiantes, comunidades, organizaciones de todo tipo y el pueblo en general, los pasos a seguir para la constitución de estos comités.
En este proceso es necesario que los sindicatos consulten a sus matriculas. El sentir de estas debe servirnos de brújula para saber a dónde nos dirigimos.
Acogiendo los planteamientos del compañero Juan Camacho2, estos comités tienen entre sus tareas, hacer una “radiografía e inventario” de nuestras condiciones y nuestro entorno: los puntos de posibles concentraciones, los recursos con que contamos y que utilizaremos, un inventario del equipo y los materiales disponibles, etc.
Es necesaria la información, la creación de boletines, las publicaciones en los medios de comunicación, la pauta de anuncios (radio, televisión), la utilización de los medios cibernéticos, etc., donde, entre otras cosas, expliquemos:
* Por qué es necesaria la huelga;
* qué significa un estado huelgario;
* para qué son los comités de huelga, cómo se constituyen y cuáles son sus tareas;
* a qué nos enfrentamos (posibles escenarios).
* Además de explicar y recalcar cuáles son nuestros objetivos y nuestras propuestas.
Esta información es necesaria tanto a nivel interno como externo.
A mediano plazo, nuestros objetivos (que podríamos catalogar como objetivos de la huelga) deben dirigirse, sin necesariamente limitarse y abiertos a discusión, a lo siguiente3:
* Que se detengan los despidos y se repongan los trabajadores despedidos a la fecha.
* Que se deroguen la Ley 7 y la Ley de las APP.
* Que se revise la nueva ley de incentivos industriales aprobada.
* Que se revisen las disposiciones de la ley de cierre que elimina derechos a los trabajadores y trabajadoras.
* Que se estructure una nueva reforma fiscal-contributiva y pueda llevarnos a eliminar el IVU
En cuanto a los mecanismos para lograr nuestros objetivos, el compañero Rafael Bernabe en su escrito sobre un estado huelgario4 destaca (sin limitarse) las siguientes actividades y manifestaciones: caravanas, piquetes a bancos o patronos privatizadores, paros de medio día o un día, acciones de desobediencia civil, colocación de pancartas gigantes en la mañana en los expresos, marchas, foros, actividades donde esté el gobernador, marchas dentro de centros comerciales. Podríamos añadir los micromítines, la toma de calles y expresos, los mensajes pintados en el cuerpo (“body painting”), las pasquinadas, el grafiti, entre otros. Prácticamente, se vale todo.
En la consecución de nuestros objetivos, estas actividades y manifestaciones se deben dar en todo momento. Es necesario mantener la efervescencia del pueblo y aprovechar el momentum. Todo bajo un análisis mesurado de nuestras condiciones, recibiendo el insumo de los distintos comités de huelga o comités de base. Teniendo en cuenta la importancia de no caer en debates estériles que nos lleven al inmovilismo.
Dependerá de la consolidación de nuestras bases, del crecimiento paulatino de nuestra lucha y de la acumulación de fuerzas, lo que nos lleve a determinar si convocamos a una Huelga General Indefinida con el objetivo de “interrumpir y/o paralizar toda gestión de trabajo, ya sea pública o privada en todo el país”5 o el objetivo que entendamos.
Por otro lado, es importante destacar que para lograr nuestros objetivos es esencial trabajar bajo un solo frente de lucha.
En la práctica tenemos tres frentes de lucha: el Frente Amplio de Solidaridad y Lucha (FASyL), la Coalición Todo Puerto Rico por Puerto Rico (CTPxPR) y la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR).
Nuestra experiencia ha sido que a nivel de las bases, estas se solidarizan con las actividades convocadas por uno u otro frente (sin distinguir, en gran medida, la diferenciación entre estos) y que existe una necesidad imperante de hacer actividades concertadas y, mejor aún, bajo un solo frente. Para esto, el dialogo es imprescindible.
Todos coincidimos y hemos reseñado cómo los patronos se unen a pesar de sus diferencias y sus políticas desleales de competencia. Sin embargo, nosotros hemos sido recelosos (en todos los frentes) en dar pasos concretos para la verdadera unidad. Lo que nos distancia de las necesidades de las masas, particularmente del pueblo trabajador. La inmensa mayoría del pueblo desconoce las diferencias que nos dividen. Sin embargo, reconocen que todos los reclamos son justos y necesarios. Por esto resulta forzosa la necesidad de la coordinación conjunta y unitaria. Difícilmente, sino imposible, podremos alcanzar nuestros objetivos sin esta unidad. La acumulación de fuerzas se hace imperante. Al menos, desde ya, la comunicación constante entre los distintos frentes debe ser un objetivo inmediato en la agenda de todos y todas.
A largo plazo y de forma paralela a lo anterior, nuestros objetivos deben ir más allá de una huelga, buscar una alternativa política, una respuesta.
Aunque sabíamos que el actual gobierno le serviría a los intereses del gran capital ha sido sorprendente la forma burda en que lo ha hecho. Desde los despidos hasta la privatización, pasando por los desalojos de comunidades pobres, la descolegiación de las abogadas y abogados, el carpeteo, la censura, la represión (especialmente contra la juventud) y otros salvajismos clásicos de los gobiernos fascistas, todo lo hacen inescrupulosamente, con un alto desprecio a nuestra dignidad, con malicia e intención de causar daño, de manera orquestada y con una agenda clara: lucrarse junto a unos pocos (sus pares de clase socio económica) con la entrega de nuestro país al capital local parasitario y de paso al capital extranjero que les apadrine. A esto se le suma que la presente crisis es una crisis del capitalismo.
Ante esto, los partidos tradicionales no son la respuesta. Es hora de que pensemos en la creación de un partido donde el pueblo (especialmente el pueblo trabajador) esté representado. Con un proyecto dirigido a reivindicar la justicia, la equidad y la verdadera democracia; que se enfoque en construir un Puerto Rico sin discriminación y sustentable. Donde las comunidades, los jóvenes, los inmigrantes, la comunidad LGBT, los desposeídos y marginados, las mujeres y nuestros ancianos estén representados. Donde nuestra voz se escuche, se sienta, se concretice.
Apostemos a que un Puerto Rico democrático, solidario y sostenible, vinculado a proyectos afines en otros países, no tan solo es posible e imprescindible sino ineludible.
