Escuelas Siglo XXI: la educación como mercancía

Por William Pérez Vega

El Gobierno de Puerto Rico ha estado anunciando desde hace meses el Plan Escuelas Siglo XXI con el alegado propósito de modernizar cerca de un centenar de planteles.  El gobernador Fortuño dijo a comienzos de año que esto “representa una transformación en todos los aspectos, infraestructura, herramientas y tecnología, para lograr hacer de la experiencia educativa una más dinámica, integrada y efectiva”… “desarrollar espacios comunitarios y dignos que propicien experiencias de aprendizaje conducentes al desarrollo del pensamiento crítico, la solución de problemas, la comunicación efectiva, la colaboración, la interacción con nuestro ambiente, la creatividad, la innovación”.

¿Cómo lo hacen? Anuncian sin previo aviso que tal escuela va a ser cerrada, sin contar con la comunidad escolar afectada.  Trasladan a los maestros y las maestras de escuela y en muchos casos hasta de distrito.  Le dicen a los padres que sus hijos e hijas van para otro plantel, sacan el material y equipo a toda prisa, aunque se pierda, y a veces pasan meses sin que comiencen los arreglos al plantel que se cerró.  La opinión de los padres y estudiantes no cuenta.  Y mucho menos la de los maestros y maestras.

Así ocurrió en la Escuela Ramón Alejandro de Comerío.  Igual ocurrió en Cidra con las escuelas Jesús T. Piñero, Ana J. Candelas y Luis Muñoz Iglesias. Anunciaron la remodelación de la Piñero y la consolidación de las otras dos para llevar a maestros y alumnos de la Piñero a la Luis Muñoz Iglesias. A la vez, decretaron más de media docena de maestr@s excedentes en ambos planteles. Para lograrlo, hicieron una organización escolar para la Ana J. Candelas basada en números falsos, violando sus propias normas y por encima de la facultad, el estudiantado y padres y madres.

Durante los dos últimos años, el D.E. eliminó todo tipo de participación del magisterio en las organizaciones escolares, redujo sustancialmente la oferta académica, eliminó miles de plazas de maestros, maestras y otro personal, prácticamente eliminó el Programa de Bellas Artes, eliminó Salud y consejería en el nivel elemental, impuso una organización a base de 60 minutos afectando a cientos de miles de estudiantes y a miles de compañeros y compañeras. Además, decretó miles de maestros y maestras excedentes violando el procedimiento para procesar traslados y concedió permanencias violando sus propias normas.

A su vez, fomentó la deserción escolar enviando docenas de miles de estudiantes a las llamadas “fast schools” (escuelas rápidas) y eliminó miles de plazas en los años recientes. Y claro, creó escuadrones del pánico que no tienen nada que envidiarle a la Santa Inquisición para meterse a las escuelas por sorpresa. Ahora acaban de anunciar que van a legalizar esta práctica con un modelo de evaluación hecho a la medida del patrono. Es decir, han trastocado el funcionamiento del sistema educativo y han eliminado derechos fundamentales.  Al que no lo acepte, lo amenazan con llevarlo a la División Legal del Departamento de Educación, la cual funciona como pelotón de fusilamiento contra el magisterio. Las querellas que radican los maestros y maestras (cuando se las aceptan), se mueren esperando, tornándose académicas. Cuando finalmente se ven, ya los afectados se han tenido que chupar las ilegalidades y violaciones cometidas en su contra y sus consecuencias.

Mientras tanto, han ido montando su estructura de control partidista dentro del Departamento de Educación a través de las miniregiones, consolidación de distritos, nombramiento de “facilitadores”, contratando asesores que se roban una millonada y aumentando la burocracia parasitaria y corrupta en la agencia que se supone dirija la educación de nuestro país. Y todo pago con fondos federales o locales que no llegan a las escuelas, al estudiantado o al megisterio. ¡Y los federales les dicen que así es que es!

La más reciente innovación es el desarrollo de proyectos “bilingües” donde se violenta el listado de turnos, el cual es parte de la propia normativa del Departamento de Educación y recoge el principio de mérito en las transacciones de personal de la agencia. Así como lo oye, pues están nombrando por convocatorias especiales, lo que es equivalente a nombrar gente que no está en turno dejando fuera a quien en derecho le corresponde.

¿Y quienes están modernizando las escuelas? Pues una serie de compañías privadas que muy bien podrían optar por quedarse administrando las escuelas para sacarle el jugo a la privatización. Son las APP con mano libre para hacer y deshacer.

Hacemos este recuento porque, como puede verse, el proceso para cerrar escuelas es totalmente autoritario. Eso de la modernización de escuelas para hacer “la experiencia educativa una más dinámica, integrada y efectiva” es pura bazofia electorera. Dice Fortuño que es para “desarrollar espacios comunitarios y dignos”, pero se está destruyendo a las comunidades y se les pasa por encima atentando contra todo vestigio de dignidad. Habla de experiencias educativas para un aprendizaje “conducente al desarrollo del pensamiento crítico”, pero persiguen a quien los cuestione. Hablan de “solución de problemas y comunicación efectiva”. Pero lo imponen todo sin contar con l@s afectad@s y las cosas van de mal en peor. Habla de “la interacción con nuestro ambiente, la creatividad, la innovación”, pero quieren traspasar la isla con un gasoducto que destruye el ambiente y las comunidades, y le quitan terrenos a la Estación Experimental Agrícola para sembrarlos de cemento.

El cierre de escuelas es parte de la política de privatización del gobierno, atenta contra las comunidades escolares, elimina recursos. Detrás de este plan, hay una mentalidad de empresa privada que ve la educación como mercancía y no como derecho.  Cierran escuelas pequeñas, eliminan grupos pequeños, hacinan estudiantes matando la posibilidad de una atención individualizada porque, para ellos, una educación efectiva es la que atiende más estudiantes con menos recursos aunque no aprendan. Es cuestión de abaratar costos en lo que se hace a nivel de escuela y salón. De manera simultánea, aumentan el aparato de control burocrático, aumentan los contratos multimillonarios y engordan los bolsillos de los ricos y sus aliados. La privatización anda suelta y toma cuerpo en Fortuño y el Secretario de Educación, en las estructuras de control. Ese cuerpo que encarna la privatización, apesta a corrupción engordando bolsillos insaciables con fondos públicos. El cierre de escuelas para modernizarlas es parte del plan para desvalorizar la educación como derecho y convertirla en otra mercancía para engordar los bolsillos de los ricos. Y si para eso hay que regresar al primitivismo del garrote, pues lo hacen. No hay ejemplo más impactante que la utilización de todo el aparato represivo contra el movimiento universitario. Era un claro enfrentamiento entre las ideas más adelantadas a favor de la educación del pueblo y el garrote de la represión de parte de los ricos.

El magisterio, así como las comunidades, deben organizarse para detener la embestida contra el derecho a la educación. Como parte de la clase trabajadora y del pueblo, necesitamos urgentemente una opción que recoja los intereses de las grandes mayorías. Necesitamos que se restituyan y amplíen los derechos del magisterio, los recursos disponibles para la educación, la democratización del Departamento de Educación y del proceso educativo. Es imprescindible que las comunidades escolares asuman un papel protagónico en el funcionamiento y dirección de las escuelas.

Es imprescindible que se eliminen los contratos con sabor a corrupción que campean frescamente por el edificio nebuloso del Departamento de Educación y que los funcionarios respondan por sus acciones. Hay que tener garantía de que los fondos lleguen a la sala de clases para beneficio de estudiantes y maestros. Que cada comunidad retenga y utilice su escuela como parte de su patrimonio. Los partidos existentes han demostrado que no pueden ofrecer tales garantías. La clase trabajadora y sectores afines necesitamos un instrumento político que responda a nuestros intereses.

Publicado en Rumbo Alterno, Año 3, Volumen 14 (Septiembre 2011).